Fiscalía toma investigación

El Presidente anunció que la investigación por las desapariciones y posteriores asesinatos de los jóvenes de Grado Nombre
Mayor General Roberto Pico Hernández
Comandante de la VII División
Brigadier General José Joaquín Cortés Franco
Comandante de la II División
Brigadier General Paulino Coronado Gámez
Comandante de la Brigada XXX

Coronel Santiago Herrera Fajardo
Ex comandante Brigada Móvil XV
Coronel Juan Carlos Barrera Jurado
Comandante Brigada XIV
Coronel Rubén Darío Castro Gómez
Comandante Brigada Móvil XV
Coronel Carlos Bohórquez Botero
Jefe de Estado Mayor de la Brigada XIV
Teniente Coronel Diego Tamayo Hoyos
Comandante del Batallón de Infantería Número XV General Francisco de Paula Santander
Teniente Coronel Néstor Camelo Piñeros
Ex comandante del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío
Teniente Coronel Wilson Ramírez Cedeño
Ex comandante del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío
Teniente Coronel Wilson Castro Pinto
Ex comandante del Batallón de Infantería General Rafael Reyes
Teniente Coronel Milton Varón Rubio
Ex comandante del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná
Teniente Coronel Gabriel Rincón Amado
Oficial de operaciones de la Brigada Móvil XV
Teniente Coronel Ángel Alberto Acosta Vargas
Comandante del Batallón de Servicios No. 14
Mayor Carlos Gilberto Rodríguez Mora
Oficial de Inteligencia de la Brigada Móvil XIV
Mayor José Simón Baquero Ramos
Comandante del Batallón Contraguerrilla No. 96 de la Brigada Móvil XIV
Mayor Óscar Mauricio Peralta Ramírez
Ex oficial de Operación del Batallón de Infantería General Rafael Reyes
Mayor Nemesio López Díaz
Oficial de inteligencia de la Brigada Móvil XIV
Capitán Javier Alarcón Ávila
Oficial de Inteligencia del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío
Teniente Eduard Villani Realpe
Oficial de Inteligencia del Batallón de Infantería Rafael Reyes
Sargento viceprimero John Freddy Sotelo
Ex ayudante de la sección de inteligencia del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío
Sargento viceprimero Jesús Ñiampira Benavides
Ayudante de la sección de inteligencia del Batallón de Infantería Rafael Reyes
Sargento viceprimero Freddy Perdomo Bonilla
Almacenista del Batallón de Infantería Santander
Sargento segundo Cristian Castro Ojeda
Almacenista de Armamento del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío
Sargento segundo Sandro Pérez Contreras
Suboficial de inteligencia del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander.
Sargento segundo Bernardo Cano Gómez
Reemplazante de Pelotón del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná
Cabo tercero Felipe Perdomo Polanía
Comandante de escuadra del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares facilitan y facilitarán a la Fiscalía todo su apoyo para el esclarecimiento de los hechos ocurridos” en Soacha, Cimitarra y Ocaña, dijo el ministro Santos

Por su parte el Presidente afirmó que “no se puede confundir la eficacia en la lucha contra los delincuentes, con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia asesinando víctimas inocentes”.

“El Gobierno tiene que ser riguroso en su insistencia y exigencia, de que esta Política de Seguridad le devuelva la sensación de tranquilidad a los colombianos. Pero esta política debe ser transparente”, aclaró el mandatario.

General Cortés lamenta su destitución

El general José Joaquín Cortés, comandante de la Segunda División del Ejército, se mostró desilusionado al ver cómo termina de un golpe 34 años de servicio para la institución.

Es triste que “después de tanto tiempo de servirle a la patria nos toque retirarnos y de esta forma. Nos toca responder por lo que hayan hecho nuestros subalternos, aunque creo fielmente en la inocencia de mis hombres hasta que un juez de conocimiento les compruebe que efectivamente cometieron actos y irregulares”, dijo el General a Caracol Radio.

Sin embargo, el General afirmó que responderá ante la justicia: “Si nos están engañando y me engañaron (los comandantes de los batallones) todo el año, tendremos que responder pero será muy triste”, dijo el General.

Desaparecidos en Soacha aparecen muertos “en combate” en Ocaña

De inmediato inició una investigación para esclarecer por qué varios jóvenes aparecían muertos sólo dos días después de haber sido reportados como desaparecidos de sus hogares.

Los familiares negaban las versiones que indicaban que los jóvenes, entre 17 y 27 años, hacían parte de grupos armados ilegales que operaban en la zona, como inicialmente reportó el Ejército.

Los jóvenes fueron sepultados como no identificados en el municipio de Ocaña.

Posteriormente el Gobierno reconoció que el Ejército había reportado como muertos en combate a jóvenes desaparecidos de Bogotá.

El Ministerio de Defensa precisó que: "hemos conocido que las personas que fueron identificadas habían sido reportadas como muertos en combate por parte de unidades del Ejército Nacional".

"Los primeros interesados en que se investigue y sancione cualquier conducta irregular son el Ministerio de Defensa y el alto mando militar", según apuntó el comunicado.

Los restos eran de vecinos de Ciudad Bolívar y la población vecina de Soacha, que habían sido dados por desaparecidos de enero a agosto de este año.

Las madres de algunos de ellos dijeron que los jóvenes habían recibido ofertas de trabajo, en tanto que otras no excluyeron su eventual reclutamiento por grupos armados ilegales.

Los restos de los desaparecidos fueron encontrados en Santander y Norte de Santander, según los mismos familiares, que fueron contactados por las autoridades una vez que los identificaran.

Tras las denuncias, organizaciones de Derechos Humanos que aseguraron que existen registros de al menos 23 jóvenes de varias regiones que desaparecieron y luego fueron denunciados como muertos en combates para reclamar éxitos militares.

Octubre 31 de 2008

Aparecen más de desaparecidos reportados como muertos en combate

Infografía: Mayor purga militar en la historia del país



Congresistas piden uso de detector de mentiras en militares



Mayor purga en la historia del Ejército por asesinato de jóvenes de Soacha



La destitución de 27 militares, incluidos tres generales, por su presunta responsabilidad en la muerte de unos 11 jóvenes presentados falsamente como irregulares abatidos en combates, desató el jueves una ola de denuncias sobre casos similares en varias regiones.

Los hechos señalan al menos un centenar y medio de asesinatos de civiles, que habrían sido reportados por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en enfrentamientos para reclamar éxitos militares, según parientes de los fallecidos y organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos.

Uno de los casos fue denunciado en el departamento de Córdoba, donde familiares de 24 jóvenes desaparecidos y presentados luego como muertos en combates entre 2007 y 2008, aseguraron que sus parientes fueron víctimas de los llamados "falsos positivos".

"Mi hijo desapareció el 12 de junio de 2007 y al día siguiente apareció asesinado", dijo Rosmira Olaya al noticiario de la cadena Caracol.

El coronel Jorge Salgado, jefe del Ejército en la región, señaló a periodistas que por este episodio están en marcha "investigaciones disciplinarias y penales".

Mientras, en el departamento de Huila la ONG Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos denunció que en el último año y medio desaparecieron 27 personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en pueblos distantes de sus residencias.

"Estamos casi convencidos de que un alto número de ellos corresponde a falsos positivos. Fueron señalados como extorsionistas dados de baja en enfrentamientos", dijo Alfonso Morelos, portavoz de la entidad.

También en Huila, Jesús Gutiérrez, director de una fundación que ayuda a indigentes en Neiva (la capital regional), denunció que uno de ellos fue presentado como abatido por las tropas lejos de allí.

A su vez, en el departamento de Sincelejo, una asociación de víctimas realizó un acto simbólico para recordar a un centenar de jóvenes muertos en circunstancias parecidas en el último año.

"Mi hijo desapareció el 5 de julio de 2007 y al día siguiente apreció muerto en San Benito Abad. Le pusieron un arma en la mano derecha, cuando en realidad era zurdo", señalo Marta Romero a Caracol.

Otros hechos fueron denunciados en el departamento de Santander, donde murieron los 11 jóvenes desaparecidos en un barrio humilde de Bogotá, y en Cesar, donde se reportaron 17 casos desde 2005.

La Comisión encontró fallas de dos tipos en varias de las unidades militares investigadas. Lo primero es que las operaciones militares se estaban llevando a cabo con exceso de informalidad y sin cumplir los requisitos de control y manejo. En el trabajo de inteligencia, la orden de operaciones, el combate, la munición gastada y los resultados, todo debe coincidir. Y de todo ello deben llevarse récords. Eso no fue lo que encontró al Comisión en Ocaña, ni en Puerto Berrío, donde por ejemplo hay registros que dicen que se gastaron 1.500 cartuchos y un solo muerto.

Al contrario, la forma de operar era más bien folklórica, donde los hombres de inteligencia reportaban que tenían a alguien ya identificado, y sin mayores preguntas partía el operativo militar en contra del objetivo. Esa falta de control en las operaciones, se prestaba para unos miembros corruptos, que tenían lazos con organizaciones criminales que estaban reclutando personas en Bogotá y otras ciudades, aprovechara para matar esas víctimas inocentes y así ganar bendiciones con positivos.

Según explicó un oficial retirado del Ejército a Semana.com, la presión que han hecho algunos generales sobre la necesidad de producir bajas a como dé lugar, también ha contribuido a que ese se torne un logro en sí mismo, ya que dependiendo de las bajas hay ascensos y días de descanso; eso contrariando las directivas recientes del Comando General que hacen explícito el valor estratégico que tiene para las Fuerzas Armadas obtener una desmovilización o una captura por encima de una muerte.

El segundo hallazgo de la Comisión Especial tiene que ver con la indolencia de los comandantes de división y de brigada en investigar lo sucedido. Según los protocolos de justicia internacional, cuando un comandante militar conoce de graves violaciones y no hace nada para investigarlas y castigar a los responsables, puede procesársele como mínimo por incumplir su deber. En algunos casos de otros países, esta actitud negligente se ha calificado de complicidad con el delito, pues ha enviado el mensaje a los subalternos de que no hay problema con que violen la ley.

Así por ejemplo, en la División II, el general José Joaquín Cortés, respetado por sus subalternos, había diseñado protocolos especiales para premiar el buen trato a la población civil y a unidades que no tuvieran denuncias por violaciones a los derechos humanos, según dijeron a Semana.com, fuentes que conocían bien su trabajo. El problema fue cuando se le pidió que investigara lo que sucedía bajo su mando en los Santanderes. No fue más allá y se conformó con las explicaciones tibias de sus subalternos.

En el caso de la Brigada 14, comandada por el coronel Juan Carlos Barrera, se le pidió insistentemente desde el Comando en Bogotá que investigara lo que se estaba denunciando en su jurisdicción, pero no hizo mayor cosa.

Por estas razones fueron retirados del servicio los generales, coroneles y demás oficiales del Ejército este martes, y por eso el ministro Santos y el presidente Uribe insistieron en la negligencia y la falta de control con la cual actuaron. Fue ésta la que hizo posible que redes criminales de Bogotá y otras ciudades consiguieran aliados entre miembros de las Fuerzas Armadas para desaparecer inocentes y falsear combates. El caso de los once jóvenes de Soacha es el más conocido, pero hay otros 36 casos más, entre ellos el que hoy denuncia Semana.com de Jaime Castillo.

La Comisión que tenía un tiempo de acción y una tarea específica ya terminó su labor, pero no se descarta que se le pidan nuevas investigaciones en el mismo sentido. Sin embargo, es probable que el remezón militar no termine aquí y que pronto se anuncien nuevos retiros.

Así mismo, la Comisión y demás instituciones involucradas en la investigación de los hechos, han entregado evidencias halladas a la justicia, y serán la Procuraduría y la Fiscalía las que deberán hallar ahí sí, a los culpables.

Se espera que la Junta de Generales programada para el próximo fin de semana, en la que se definirán los ascensos de coroneles y comandantes de las fuerzas militares, también de sorpresas. Aún no está confirmado si en efecto la Junta tendrá lugar en día señalado o si será pospuesta para una fecha próxima.

REMEZÓN MILITAR.Indiferencia ante las denuncias y laxitud a la hora de hacer las operaciones, fueron algunos de los hallazgos de la Comisión que investigó los casos de militares involucrados en el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Ahora qué viene?
Miércoles 29 Octubre 2008

La explosiva noticia de que el gobierno había resuelto, de un tajo, mandar a 24 oficiales y suboficiales del Ejército a vestir el Everfit, como reacción al escabroso caso de los desaparecidos de Soacha tiene a muchos haciendo una pregunta preocupante ¿Todos esos generales y coroneles tenían que ver con semejante asunto tan oscuro?
La respuesta es: no se sabe aún, y su salida no implica que se haya comprobado que tengan responsabilidades disciplinarias y muchos menos penales en estos macabros casos. Por eso es tan importante explicar por qué se creó la Comisión Especial de Investigación del Ministerio de Defensa, cuál fue su misión, y cuáles sus recomendaciones. Y por qué de ahí, el presidente Álvaro Uribe y su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla de León, resolvieron sacar a estos pesos pesados.
Después de que ya la historia de que los jóvenes que habían desaparecido en Soacha fueron hallados muertos en Ocaña, Norte de Santander y Cimitarra, Santander, y reportados por el Ejército como guerrilleros o paramilitares caídos en combate fuera pública y notoria, a comienzos de octubre, el general Padilla de León había ordenado a las diferentes divisiones y brigadas empezar a investigar lo sucedido.

Además, no sólo estaban estos casos. En Puerto Berrío, donde tenía asiento la Brigada 14, también había bastantes quejas de operaciones irregulares y violaciones a los derechos humanos.

Como la bola de nieve seguía creciendo y las averiguaciones internas regulares no estaban dando mayores resultados, el Ministerio de Defensa resolvió meterse en serio a investigar qué estaba pasando. Las denuncias eran demasiado graves y las pruebas muy sólidas como para dejar pasar más tiempo.

Se creó así una Comisión Especial de Investigación que se adentró en cada una de las unidades militares que podían estar involucradas en las irregularidades, según pudo establecer Semana.com con varios funcionarios que conocieron el proceso de la Comisión. Esta fue presidida por el mayor general Alberto Suárez, y también participó Carlos Franco, director de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

Su objetivo no era encontrar responsables penales, ni señalar culpables, explicó una fuente del Mindefensa a Semana.com. Se le encomendó a esta comisión la tarea de analizar los procesos de cadena de mando, las operaciones, los planes y funcionamiento de la inteligencia para saber dónde estaban fallando los controles, que habían permitido que se hubieran dado violaciones tan contundentes. Es decir, su tarea era estructural, pues el ministro Santos consideró que era más importante identificar los huecos por donde se les estaba escapando el control de sus tropas y los espacios que hacía posible, que cualquier elemento corrupto se saliera con la suya.